El texto completo de la carta publicada por El Mercurio es el siguiente:

El Gobierno ha decidido congelar, a través de la Ley de Presupuesto, el aumento del Aporte de Gratuidad comprometido para el año 2018 en la Ley de Inclusión, para completar el monto de  0,45 Unidades de Subvención Escolar (USE) que equivale  a $10.700 mensuales  por alumno. Es decir, a través de una glosa presupuestaria se desconoce lo que está establecido en una ley. Pensamos que era un error, pero lamentablemente no lo es.  

Este año correspondía aumentar en $2.400, por tanto $28 mil anuales, por estudiante de los colegios municipales y privados que ya eran gratuitos el año 2016 y de los 800 establecimientos que – confiando en recibir esos recursos- terminaron con el copago.  Se trata de más de seis mil establecimientos y dos millones de estudiantes. 

Fuimos muchos los colegios que adherimos a la gratuidad, incluso, en varios casos, sabiendo que los recursos comprometidos en la ley serían menores que el aporte de los padres. Los hicimos porque trabajamos con familias muy vulnerables y porque nuestra vocación es entregar una educación de calidad que disminuya las brechas de inequidad en nuestra sociedad. Sobre la base de lo establecido en la ley, planificamos nuestros presupuestos orientados a lograr los fines educativos que nos motivan. No contar con estos recursos afecta gravemente la gestión educacional y es inconsistente con los objetivos planteados por el Gobierno y definidos en la Ley de Inclusión. Añádanse a ello las rigideces que entorpecen el uso de los recursos de la subvención preferencial.   Podemos entender la necesidad de priorizar los recursos públicos, pero  nos parece una inconsistencia que la gratuidad de la educación superior se haga  a costa de la inversión en los niños y niñas más vulnerables del sistema escolar.

Pero no se trata solo de recursos. La situación que se plantea con el desconocimiento de la letra y el espíritu de una ley causa un severo daño al sistema democrático. Genera desconfianza, deteriora el valor de la institucionalidad y de la convivencia. Con el congelamiento del aporte de gratuidad, el Gobierno les da la razón a muchos establecimientos que decidieron no optar a la gratuidad porque desconfiaban de que se cumpliera con la entrega de dicha subvención. Hoy nos preguntamos si, con este antecedente, no podrá pasar lo mismo con la carrera docente que, para algunos establecimientos particulares subvencionados, significará asumir mayores costos, ya que el aporte del Estado no cubre el total de los aumentos en remuneraciones contemplados en la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Quienes decidimos postular con la seguridad de que se cumplirá con los recursos comprometidos, ¿podremos confiar en lo dispuesto en las leyes y en la palabra empeñada por el Gobierno?

Por lo tanto, esto no solo causa un perjuicio a los colegios más vulnerables que no podrán implementar sus planes de mejora, sino que se trata también de un nuevo golpe a la educación privada subvencionada, esta vez más grave, puesto que se hace a través de un acto ilegal que daña la fe pública y el Estado de Derecho.    

Por estos motivos, solicitamos al Gobierno y  a los parlamentarios que reviertan esta decisión.

Mariana Aylwin, Directora Corporación Aprender

Magdalena Aninat, Directora Corporación Educacional Arzobispado de Santiago

Cristián Fuentes, Vicaría de la Educación Arzobispado de Santiago

Ana María Lyon, Gerente Fundación Astoreca

Luis Sepúlveda, Presidente Fundación Educacional Cristóbal Colón

Raimundo Bordagorry, Presidente Fundación Educacional Liceo Ruiz Tagle

Ernesto Ezquerra, Fundación Educacional Pudahuel

Eduardo Gras, Presidente Corporación Emprender

Francisca Vial, Gerente Fundación Matte Mesias

María Teresa, Infante Presidente SIP Red de Colegios

Francisco Velasco, Fundación San Vicente de Paul

Sandra Urrutia, Directora ejecutiva Sociedad Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino

Rosita Puga, Directora Académica Fundación Educa Araucanía

Fuente: El Mercurio