1. El Congreso acaba de dar por aprobada una nueva Ley de Educación, relacionada con la gratuidad del sistema subvencionado, el fin al lucro, selección y copago. Desde el inicio, hemos mirado con empatía el propósito de una reforma educacional que prometía promover el derecho a una educación de calidad y equidad para todos, y especialmente para los más postergados. Hemos aportado por eso, nuestra mirada de educadores para que ello fuera una esperanzadora realidad para Chile.

2. Una vez conocido el Proyecto, sin embargo, y no obstante un tiempo previo de mucho diálogo por parte de distintos sectores, nos encontramos con un texto cuyos contenidos no eran en términos globales, lo que muchos esperábamos fuese la expresión y el camino educativo para el logro de sus fines. Por el contrario, la inmensa mayoría de las comunidades educativas vio en ellos una serie de normas que en su conjunto ponía en riesgo la libertad de enseñanza, expresada en la pluralidad de proyectos educativos, la libertad de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos, la autonomía de gestión y los derechos patrimoniales. Estamos convencidos de que una adecuada regulación en los temas más sensibles de la presente Ley, basados por de pronto en la vasta normativa ya disponible y acompañada de una eficiente supervisión de los organismos competentes, habría sido suficiente para el logro de lo que se buscaba.

3. Lamentamos que, no obstante nuestros esfuerzos, como el de los más diversos sectores gremiales, políticos, religiosos, de sostenedores y de padres de familia, incluidas personalidades y centros expertos en Educación, no se logró que el Proyecto incluyera temas relacionados directamente con la calidad de la educación. Tal vez porque no se generaron los necesarios espacios para una reflexión seria y profunda acerca de la naturaleza, principios y valores propios de una auténtica educación. En este sentido, habrá que despejar las dudas acerca de si esta Ley contribuirá en modo sustantivo a mejorar la educación chilena. Creemos que el país ha perdido una gran oportunidad al respecto.

4. Del Proyecto mismo, por otra parte, se percibió un grave desconocimiento de la riqueza y variada realidad de la educación particular subvencionada, acompañado de un diagnóstico en deuda con la prolijidad que requiere una iniciativa tan delicada como esta, que involucrará a millones de personas, y a ratos percibida no exenta de sesgo y prejuicio. De este modo, no hubo en el texto lugar para algún reconocimiento al enorme servicio de una educación particular que ha sido elegida por la gran mayoría de la familia chilena. Es una Ley que ha terminado centrándose en modo tal en el tema fin al lucro, que con tal de evitar que este pueda producirse en lo más mínimo, se ha sobre regulado la gestión de los colegios, agregando nuevas sanciones, incluso penales. De este modo se ha sobrecargado la normativa con una innecesaria cantidad de temas económicos, tributarios, patrimoniales, etc., y con la creación de nuevas instancias administrativas y burocráticas, que harán muy pesada, complicada y onerosa la gestión de las escuelas y la mayor burocracia del control del Estado, limitando una razonable subsidiariedad.

5. Tal complejidad, como el cuestionable apresuramiento legislativo, ha hecho que algunos temas no se hayan reflexionado con la profundidad requerida, ni resuelto completamente; otros deberán esperar tiempos de prueba; otros esperarán varios años por no tener financiamiento. Solo en el tiempo se podrá en definitiva evaluar qué normas eran pertinentes y adecuadas, y cuáles no, lo que debería derivar más adelante en cambios a esta Ley. De hecho, incluso desde parlamentarios oficialistas y antes de su promulgación, ya se exige hacer cambios. Tal premura legislativa injustificada, y la ausencia por ello de una mayor prolijidad en un tema tan delicado, ha dejado en la Ley vacíos e interrogantes, algunos de los cuales en este momento no tienen una solución adecuada. Si hay un contexto vital a la hora de educar, este debe caracterizarse por orientaciones precisas y normas claras que ofrezcan certidumbre y garantías a todos.. Por ello creemos que la implementación de esta ley será un largo y complejo proceso, tanto para las escuelas como para los funcionarios públicos. Esperamos un atento respeto y acompañamiento por parte de la autoridad hacia los centros educativos, en lo que debería ser una prudente y larga marcha blanca.

6. Finalmente, recordamos que en todo momento como Iglesia, manifestamos nuestro interés de involucrarnos fuertemente en los objetivos de esta Ley, aportando lo mejor de nuestra secular experiencia de servicio educativo a incontables generaciones. Nos ha motivado además a comprometernos en la construcción de una educación más justa, inclusiva y de auténticas posibilidades para todos nuestros niños y jóvenes, especialmente los más pobres. Por ello, apreciamos que -aunque insuficientes- haya habido avances y algunas transformaciones del texto en el proceso legislativo. Esperamos que en su posterior Reglamento, aplicación y posibles futuras revisiones, se salvaguarden aquellos principios, libertades y derechos irrenunciables en toda auténtica educación. Es lo que hemos expresado los obispos católicos en el documento "La Educación que queremos para Chile", de noviembre de 2014.

+ Héctor Vargas Bastidas sdb
Obispo de Temuco
Presidente Área Educación
Conferencia Episcopal de Chile